LA RESISTENCIA INTERIOR EN LA ESPAÑA DE FRANCO Valentina Fernández Vargas (eBook – Mobi)

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 La naturaleza del franquismo ha suscitado múltiples discusiones que, en mi opinión, pueden aclararse bastante si partimos del análisis del Estado español entre 1939 y 1975.1

Es sabido que un Estado soberano necesita una serie de medios cuyas características varían según el servicio que hayan de prestar y de las condiciones históricas en que se encuadren. Ha de contar con un territorio, base geográfica del poder, delimitado por unas fronteras militares y por unas barreras económicas —las aduanas—que sirven para defender, y controlar, a los nacionales y a los extranjeros. Debe tener, asimismo, un gobierno y una administración; el grado de participación de los gobernados en estos organismos y la distribución social de los beneficios nacionales sirven para definir al Estado como autocrático o democrático. Finalmente, la autoridad considerada no sólo como ejecutivo, sino también como cuerpo teórico que configura toda la organización, puede proceder de una situación de hecho o de derecho, y autodefinirse de forma más o menos democrática.

En principio, el origen de la autoridad no permite prejuzgar cómo se configurará el Estado, sino que son el Gobierno y la Administración los mejores índices para su definición.

Todo esto responde a una situación de poder y, por lo tanto, es lógico que engendre una serie de tensiones y conflictos cuya canalización define el grado de consenso o de autocracia del país. Dicho en otras palabras, la lucha de clases puede canalizarse de forma estatuida y admitida o, por el contrario, estar constreñida de forma tal que sólo los estallidos más o menos esporádicos sirvan para medir las tensiones de la sociedad.

En el caso a estudiar nos encontramos con que el Régimen instaurado en 1939 llega al poder después de una lucha larga y feroz. Se trata de una guerra civil, ciertamente, pero con una serie de características que la convierten en un claro precedente de la que el 1.° de septiembre de 1939 se iniciará en Europa. Basta repasar los grupos que militan en uno y otro campo, así como las ayudas internacionales que reciben, para definir al grupo de Franco y al régimen que configura como fascista.

Sé que esta clasificación ha sido muy discutida, argumentándose la falta de ideología concreta de Franco, el cual no sería más que un autócrata cuyo único interés era maniobrar para conservarse en el poder. En realidad, se trata de dos cuestiones diferentes: una cosa es la personalidad del Jefe del Estado y otra el Estado y la forma cómo eierce el poder. Y éstos han sido fascistas a pesar de que a partir del triunfo de los aliados los falangistas más comprometidos desaparecerán del primer plano, al tiempo que se abandona toda la parafernalia fascista.2 Igualmente se ha considerado que la no movilización de masas y la alianza con la Iglesia católica alejan al franquismo del fascismo clásico.

Ahora bien, hemos de huir de la aplicación mecanicista de los modelos, puesto que de hacerlo corremos el riesgo de encontrarnos ante el lecho de Procusto, que, como es sabido, sólo origina cadáveres mutilados. En este caso, realidades deformadas.

Es evidente que los grandes fenómenos históricos tienen una serie de características comunes; de ahí su universalidad, pero no es menos cierto que al actuar sobre parcelas históricas concretas han de amoldarse a las características del medio sobre el que actúan.

Así, pues, a la hora de analizar al fascismo español hemos de considerar que gana la guerra, pero se encuentra rodeado por un medio oficialmente hostil, pues sus antiguos aliados han sido derrotados. Se trata, pues, de un fascismo de paz. Pero que no dimitirá del Preámbulo del Fuero de los españoles:

«Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.»

Por lo que se refiere a la cuestión religiosa, no hay que olvidar que en España la religión católica es una fuerza de primera magnitud, sobre todo entre las capas agrícolas y pequeño-burguesas que han apoyado a los sublevados.3 Si la Iglesia ha concedido el título de «Cruzada» a la guerra civil, es lógico que más adelante capitalice su ayuda, participando en el gobierno y controlando servicios clave como la enseñanza.

La movilización de masas es otro de los elementos disímiles del franquismo; pero también aquí hemos de tener en cuenta que, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, el país está destrozado y hay una guerrilla activa. Más adelante, la Europa neocapitalista prefiere olvidar las características exactas del franquismo, y Franco, inteligentemente, no hará nada por recordárselas con estas movilizaciones, que, por otra parte, no precisa. Porque cuando las necesite, no vacilará en sacar las masas a la calle. 4

Por lo que se refiere a los aspectos comunes con otros fascismos, hay un texto que me parece esclarecedor:

«La solución fascista es, típicamente, un compromiso entre un sector rural en decadencia y una burguesía industrial en ascenso. También intervienen las otras fuerzas que componen el establishment: como la Iglesia5, el Ejército, los monárquicos y la nobleza (cuando la hay) y los sectores de élites intelectuales, profesionales y de la clase política más íntimamente ligados a los elementos del establishment (en términos de ideología de intereses, de forma de vida y de orígenes sociales comunes). Aunque el factor dinámico de esta alianza se basa en la intención de obtener la ‘movilización’ de la clase inferior por la fuerza, tiende, también, a establecer una tregua (y si es posible, una paz duradera) en los conflictos internos que dividen a las élites y a la clase superior. Así, pues, la principal razón de ser del régimen ‘fascista’ radica en consolidar durante un largo período una situación amplia de cambios potenciales, por la movilización de la clase inferior y la talentización de todos los aspectos de la modernización susceptibles de amenazar los intereses de la coalición, aunque el precio sea un estancamiento económico y social perdurable. Y si aún así no fuera posible proteger los intereses de las clases medias, o ayudarlas a satisfacer sus problemas de forma racional, siempre es posible concederles otras ‘satisfacciones’ de recambio como la estabilidad, los objetivos nacionalistas, los símbolos de prestigio y los ritos (…).

Los objetivos de base y la significación histórica del régimen de Franco son típicamente fascistas. El que su formulación política pueda ser caracterizada como autoritaria es, seguramente, importante, pero no menos que su sustancia fascista»6.

Ahora bien, ¿cuál es la substancia a la que se refiere Germani? De forma inmediata, a la Falange, aunque paulatinamente surjan disidencias, hasta el punto que Dionisio Ridruejo, en carta del 7 de julio de 1942, escribirá al Jefe Nacional:

«… los falangistas no se sienten dirigidos como tales, no ocupan los resortes vitales del mando; pero, en cambio, los ocupan en buena proporción sus enemigos manifiestos…; la Falange gasta estérilmente su nombre…» 7.

Pero esta crítica, evidentemente, está hecha desde dentro:

«Dionisio…, en nombre de ese falangismo, rompió con el sistema».

Hemos de matizar: Franco deja de lado a unos falangistas, no a la médula de la Falange, puesto que toda su doctrina política y económica, basada en el Sindicato Vertical, en el corporativismo, en la representatividad orgánica, en la prohibición de partidos políticos, sigue en pie. Y ni los grupos de Acción Católica ni del Opus Dei, que han participado directamente en el gobierno a lo largo de la Historia del Franquismo, han hecho nada para desmontar el sistema. Más bien lo han ido apuntalando para adaptarlo al momento histórico.

En 1938 se promulga el Fuero del Trabajo, directamente inspirado en la Carta del lavoro italiana.

«1. La Organización Nacional-Sindicalista del Estado se inspirará en los principios de Unidad, Totalidad y Jerarquía.

  1. Todos los factores de la economía serán encuadrados por ramas de la producción o servicios en sindicatos verticales. Las profesiones liberales y técnicas se organizarán de modo similar, conforme determinen las leyes.
  2. Las jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S.
  3. El sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado a través del cual realizará principalmente su política económica. Al sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y proponer sus soluciones, subordinándolas al interés nacional. El sindicato vertical podrá intervenir por intermedio de órganos especializados en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo.»

Todo este articulado se irá enriqueciendo con disposiciones complementarias en abril y julio de 1938. El del 21 de abril dice:

«Artículo 4.° La Central Nacional-Sindicalista estará en comunicación constante con Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. para realizar ideales políticos de nuestra Revolución Nacional-Sindicalista en el campo de la economía.»

Al acabar la guerra es preciso insistir en la legislación. El 23 de mayo de 1939, recordando el cumplimiento de O. de 21 de abril de 1938, se dice:

«Terminada la guerra y comenzadas las tareas de la reconstrucción nacional, conviene recordar los preceptos de aquella disposición cuyo cumplimiento es llegada la hora de exigir íntegramente. En razón de ello se servirá V. I. recordar a los Delegados sindicales provinciales que el artículo séptimo del Decreto de 21 de abril de 1938 prohíbe `la constitución de nuevos sindicatos o asociaciones cuya finalidad sea la defensa de intereses profesionales o de clase’, y que el propio artículo dispone que las nuevas asociaciones y organizaciones sindicales de carácter económico que intenten crearse, necesitarán la aprobación de sus estatutos por el Ministerio de Organización y Acción Sindical’, bien entendido que ‘se considerarán nuevas, a estos efectos, todas aquellas que, existiendo en 18 de julio de 1936, traten de continuar o reanudar su vida, al quedar liberadas las zonas en que desenvolvían su actividad’.»

El 8 de agosto de 1939 se modifican las leyes de 30 de enero y de 29 de diciembre de 1938. No sólo se refuerza así la autoridad del Jefe de Gobierno, sino que las actividades sindicales pasan a depender del Movimiento.

«Terminada la guerra y comenzadas las tareas de la reconstrucción y resurgimiento de España, es necesaria la adaptación de los órganos de gobierno del Estado a las nuevas exigencias de la situación presente, que permita, de una manera rápida y eficaz, se realice la revolución nacional y el engrandecimiento de España.

Ello aconseja una acción más directa y personal del Jefe del Estado en el Gobierno, así como desdoblar aquellas actividades ministeriales como las castrenses que, fundidas en un solo Ministerio por imperativos de la guerra, entorpecerían hoy la labor de creación de nuestras armas de tierra, mar y aire, constituyendo para su coordinación y suprema dirección, a las órdenes directas del Generalísimo de los Ejércitos, un órgano permanente de trabajo.

Y a reserva de lo que se disponga en la futura Ley, se desglosan del Ministerio del ramo, para depender del Movimiento, aquellas funciones relacionadas con la actividad sindical que se estima deben radicar en la linea jerárquica del Partido.»

El principio de unidad sindical, previsto por el Fuero del Trabajo, se consagra por la ley de 6 de diciembre de 1940. Sólo la organización sindical de Falange tiene reconocimiento legal; las asociaciones sindicales anteriores se disuelven o se le incorporan, al tiempo que se deroga la ley sobre cooperativas.

De todas formas, ya hemos ido viendo la prohibición tácita, o expresa «(de) la constitución de nuevos sindicatos o asociaciones cuya finalidad sea la defensa de intereses profesionales o de clase», a más de que la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 había ya dejado fuera de la ley, prácticamente, a todas las organizaciones del país, puesto que después de una relación exhaustiva se dice: «y otros de menor importancia».

La organización y estructura sindical quedan definidas el 6 de diciembre de 1940:

«Parte la Ley de considerar a todos los productores españoles como miembros de una gran comunidad nacional y sindical. El sistema de los Sindicatos del Régimen no se configura, por tanto, como una red de agrupaciones privadas a las que el Estado confiera competencias más o menos importantes, sino que de acuerdo con aquel principio de los veintiséis puntos que concibe a España, en lo económico, como un gigantesco Sindicato de productores. la sindicación viene a ser la forma política de la economía entera de España. Cuantos con un servicio de producción contribuyen a la potencia de la Patria, quedan así —como en consigna de nuestro Movimiento— ordenados en milicia.»

Ley de Constitución de Sindicatos:

«Artículo 1.° Los españoles, en cuanto colaboran en la producción, constituyen la Comunidad Nacional-Sindicalista como unidad militante en disciplina del Movimiento.

Artículo 2.° La Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. asume la Jefatura de esta Comunidad y ejerce sus funciones ordenadoras a través de los Sindicatos Nacionales y de las Centrales Nacional-Sindicalistas en las diversas esferas territoriales.»

Se ha ido definiendo y configurando un sistema de organización laboral dependiente del Estado y, por lo tanto, a su servicio. La Ley de Reglamentaciones del Trabajo del 16 de octubre de 1942 se puede considerar que cierra una etapa:

«Artículo 1.° Toda la materia relacionada con la reglamentación del trabajo, entendida ésta como regulación sistemática de las condiciones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales concertadas entre los empresarios y su personal en las distintas ramas y actividades, será función privativa del Estado, que se ejercitará, sin delegación posible, por el Departamento ministerial de Trabajo, y, dentro de éste, en las condiciones que se establecen en la presente Ley, por la Dirección General de Trabajo.»

El control del sistema sindical puede sintetizarse en la Orden. del 13 de noviembre de 1943, sobre la obligatoriedad de la sindicación al S.E.U.:

«Para el más exacto cumplimiento de las disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación Nacional que establecen la sindicación obligatoria, los Jefes de Distrito y Provinciales, en persona, reclamarán a las Secretarías de todos y a cada una de las Facultades universitarias la relación nominal de los alumnos que no hayan presentado la certificación de pertenencia al S.E.U. en el plazo señalado en dichas disposiciones y que termina el día 20 del corriente mes.

Esta relación especificará, junto a cada nombre, la Facultad y curso a que pertenece el estudiante, y se enviará con la máxima urgencia a la Secretaría Administrativa Nacional, a fin de que esta Jefatura la someta a la consideración del Ministerio de Educación Nacional, en prevención de las posibles sanciones académicas de las que se hacen acreedores aquellos alumnos que no cumplieran las disposiciones mencionadas.»

Pues bien, a pesar de todas las dificultades existentes, el movimiento de resistencia está activo, no sólo en la guerrilla y atentados, sino en reivindicaciones laborales, como la que tiene lugar en 1944 en Manufacturas Metálicas Madrileñas 8, el intento de reorganizar la F.U.E. en 1947 y, sobre todo, la Huelga General del 1.° de mayo de 1947 en el País Vasco, o la demostración pacífica del 18 de julio de 1947 en la Puerta de Alcalá de Madrid.9

Seguramente por esto las Reglamentaciones van a efectuarse, desde el Ministerio del Trabajo, al margen de los Sindicatos. Es decir, han emergido a la superficie las contradicciones entre el Sindicato oficial y el mundo laboral, las cuales sólo pueden resolverse apelando a una instancia superior: el Estado. Cuando en octubre de 1944 se celebren elecciones sindicales, pues es preciso dar un cierto tinte democrático al sistema, se empezará a hablar de un sindicalismo «representativo» en virtud del cual los obreros eligen a sus representantes, los cuales no tienen más función que transmitir las órdenes del Sindicato a los talleres.

Pero no sólo las listas de los elegibles son controladas,10 sino que los elegidos apenas tienen otra función que la consultiva.

Siguiendo con el perfeccionamiento del Sindicato, el 18 de agosto de 1947, un Decreto del Ministerio de Trabajo crea los Jurados de Empresa, organismos en los que los representantes de los obreros se reúnen bajo la presidencia de la persona designada por el Consejo de Administración de la Empresa. Un largo articulado define sus características y fines:

«… los Jurados de Empresas, a los que se asigna importantes funciones de índole diversa; propias unas y de consulta o asesoramiento y deliberación otras, continuando así la obra social del Régimen, mediante una cooperación efectiva de todos los elementos, sectores y categorías profesionales que intervienen en la producción, en justa correspondencia, por una parte, a los esfuerzos de quienes con su trabajo intelectual o manual constituyen base insustituible del progreso económico nacional, inseparablemente ligado a los aumentos racionales de las distintas producciones, y al mayor rendimiento del trabajo, y, por otra, a la creciente incorporación de todos los sectores laborales a la vida pública del país, tan poderosamente subrayado en el Referéndum del 6 de julio de 1947.»

Los jurados de Empresa terminaron configurándose como uno de los elementos más dinámicos de las reivindicaciones obreras, y en ellos aparecerán los primeros líderes obreros democráticos «(utilizando) las posibilidades ‘legales’, pues la huelga (Tranvías de Barcelona, 1951) se decide en una asamblea de enlaces y jurados» .11

Así, pues, el desarrollo económico y político hace necesario que se arbitren nuevas fórmulas para que, sin romper el esquema del Estado/Patrón, la dialéctica entre el capital y el trabajo se adapte a las nuevas condiciones.

En 1958 aparece la contratación colectiva, que introduce una cierta flexibilidad, ya que los Sindicatos quedan autorizados para discutir problemas que les afecten directamente: clasificación profesional, normas de productividad, horarios, accidentes de trabajo, etc. La legislación al respecto se multiplica a todo lo largo del año:

«La realidad social española presenta hoy un factor innegable: la existencia de una red viva y auténtica de Entidades sindicales que agrupa ordenadamente a todos los factores humanos de la producción. Este hecho, combinado con la exigencia doctrinal de que se reconozca a los organismos que encuedran a empresarios y trabajadores la facultad de establecer pactos que obliguen a todos los que integran el grupo económico-social que la respectiva entidad representa a efectos laborales, impone la modificación del régimen jurídico hasta aquí en vigor que establecía como únicos preceptos aplicables a la contratación del trabajo las normas de carácter general dictadas por la soberanía del Estado y los usos y costumbres en el ámbito general y los pactos individuales, dando acceso entre unos y otros a los convenios colectivos que surjan de la colaboración armónica, que en el campo sindical se desarrolla entre las auténticas representaciones de las distintas categorías laborales. Conforme a lo establecido en el artículo primero de la Ley de 16 de octubre de 1942 (R. 1647 y Diccionario 18351), las Reglamentaciones de Trabajo no contienen sino las condiciones mínimas a que la relación laboral ha de ajustarse, por encima de ellas cabe el establecimiento de otras más ventajosas, que frecuentemente se otorgan en unos casos por las Empresas y en otros se contratan libremente por aquéllas con sus trabajadores. Esta posibilidad se halla en razón de una serie de factores de especificación difícil, tales como el nivel de vida de una comarca, las posibilidades de cada Empresa, las circunstancias de tiempo o economía y tantos más que no pueden por su detalle, imprecisión o eventualidad ser tomados en cuenta por la Administración para el dictado de una legislación casuística; pero, no obstante, constituyen en muchos casos motivos capaces de convertir en normas contractuales, nacidas en el libre juego de las partes interesadas.»

La Ley de Convenios Colectivos ha tenido una larga aplicación, hasta que en 1962 se legisla sobre las Normas de Obligado Cumplimiento, según las cuales el Estado, mediante laudos del Ministerio de Trabajo, se reafirma como última instancia. Esto y las acciones concertadas previstas en el Primer Plan de Desarrollo, consagran definitivamente el capitalismo monopolista de Estado, pues el Estado «apoya con recursos públicos al gran capital que durante la fase autárquica había obtenido grandes beneficios, muchas veces no incorporados a los patrimonios de las empresas».12

El último objetivo de la organización legal del mundo del trabajo son los beneficios económicos, en particular, y la organización de la economía, en general. La norma básica de la economía fascista es la despreocupación ante el estancamiento general, siempre que el grupo en el poder obtenga unos beneficios inmediatos. Y esto se ha cumplido de forma automática.

Indiscutiblemente, la salida de la guerra era una situación límite, por la ruina material en que se encontraba el país. Al tiempo, la inestabilidad política internacional y nacional tampoco era el mejor clima para una reconstrucción de la economía de forma planificada, en el caso de que tal planteamiento hubiera figurado, realmente, en el programa del gobierno.

La autarquía, es decir, la autosuficiencia, se manifestó como el único camino viable, y además permitió el crecimiento especulativo y desmesurado de productores y distribuidores que carecían de competencia. Sin embargo, la producción nacional era absolutamente insuficiente para las necesidades del país. Pero préstamos y ayudas extranjeras permitieron ir paliando la situación, así como la consolidación del sistema.13

«En el orden financiero y monetario continúa la aplicación de los principios del período 1939-45, a base de una política de gestión monetaria que desemboca en la creación de recursos internos a tipo de interés bajo y control administrativo total a través del Ministerio de Comercio y del I.E.M.E.14 de las transacciones exteriores múltiples, según el tipo de transacción de que se trata, tiende a ampliarse y se hace más complicado»15

Tomando como índice pesetas de 1935, la renta «per capita» era 79 en 1940, 83 en 1941 y 85 en 1950. La economía, en todos sus sectores, se vio fuertemente constreñida por el aislamiento político; la única salida era el sistema autárquico. El cual, a su vez, motivó un crecimiento sectorial absolutamente caótico, en tanto que la financiación del Estado corría a cuenta de un arcaico sistema de emisión pública.

Mas, a pesar de todo, tuvo lugar un cierto crecimiento que por sus características llevaba implícita la inflación. El alza de vida, al repercutir negativamente en la economía privada de los españoles, extiende la protesta: es preciso remediar la crisis.

«La situación a que había llegado la economía española al final del período …, por la incidencia de una evolución monetaria y fuertemente expansiva y la continuación de una política de rígidos controles en todos los aspectos, era, sin duda, insostenible por más tiempo…; es evidente que se cernía sobre el país la amenaza de la suspensión de importaciones vitales, por ejemplo, el petróleo».16

En esta situación incide la coyuntura de Europa, porque, a finales de 1958, varias naciones europeas habían culminado un proceso de reorganización económica basado en la liberalización de pagos exteriores, proclamando la convertibilidad de sus monedas. Ante esto, el Ministerio de Hacienda pide aprobación al gobierno para realizar una encuesta sobre «una serie de cuestiones concretas del porvenir monetario, liberalización de intercambios e integración económica internacional». La visita a Madrid en febrero de 1959 de una misión del Fondo Monetario Internacional y el informe que emite,

«… se plasmó en una nota del Banco de España, entregada a los ministros de Hacienda, de Comercio y de Asuntos Exteriores, en la que se concretaba un plano que, si bien se llamó de «estabilización», al poner el acento en el aspecto monetario, era, en realidad, un conjunto . de acciones sobre la estructura económica, puesto que engloba la liberalización comercial exterior y otras medidas internas para asentar sobre bases más flexibles a la economía española».17

Se va a iniciar una nueva etapa económica que, a partir de un Plan de Estabilización, pondrá en marcha sucesivos Planes de Desarrollo; aparece ahora en la escena política un grupo que cada vez tendrá más fuerza y protagonismo en la vida del país: el Opus Dei.

Pero no nos dejemos engañar; se trata de planteamientos reformistas que, aunque den lugar a un rápido crecimiento en algunos campos, tendrán unos costes sociales sin relación a los beneficios.

La primera consecuencia del Plan de Estabilización fue la atracción desmesurada del capital extranjero.

«Del 27 de julio de 1959… al 30 de junio de 1960 las inversiones de capital extranjero llegan a los 159 millones de dólares. En la Bolsa de Madrid, durante el primer semestre de 1962, las inversiones extranjeras alcanzan los 823 millones de pesetas, llegando a los 1.583 millones en el primer semestre del año siguiente. En abril de 1963, el ministro francés de Finanzas, M. Giscard d’Estaing, anuncia en Madrid que su país presta a España 150 millones de dólares. El total de la ayuda americana es impresionante: 1.200 millones de dólares, de los cuales, 600 son en préstamo».18

Otras consecuencias no menos graves serán la línea en que se desarrolla la industrialización y la despoblación de ciertas zonas agrícolas. Para el primer caso sirva como ejemplo la importancia concedida a la industria automovilística, con poca competitividad exterior, ya que se trabaja bajo patentes extranjeras.19

Por lo que se refiere al campesinado, la opción de emigrar a otras zonas del país o al extranjero supone una oferta de mejora de vida indudable. Más adelante, la incorporación de monopolios multinacionales a la producción agrícola originará un control, ruinoso para el campesino. Pero, como señala R. Tamames:

«Tras la congelación de salarios de 1959 con la puesta en marcha del Plan de Estabilización y con los comienzos efectivos de una reactivación, la ola de reivindicaciones se generalizó…; también en el sector laboral se hacía sentir la necesidad de reajuste que, finalmente, se introdujo el 10 de julio de 1962».20

La solución parecía encontrarse en la incorporación a la C.E.E.; sin embargo, la petición formulada el 9 de febrero de 1962 21 era inviable: el Tratado de Roma exigía como requisito la homologación política. Cuando la petición española sea examinada el 7-8 de junio por el Movimiento Europeo en Munich, 118 representantes de la oposición democrática española acudirán a esta ciudad para recordar la situación política de su país. Ante esto, la petición oficial fue rechazada.

La crisis se cuaja en un cambio de gobierno efectuado el 10 de julio de 1962. El sexto gobierno tendrá dos características fundamentales:

«1) Políticas: aparición de la figura del vicepresidente del Gobierno; que si ahora no tendrá gran relevancia por la persona en que recae —Muñoz Grandes—, cuando en 1967 sea desempeñado por Carrero 22, será un puesto clave, no sólo por la personalidad del Almirante, sino también por los cargos que acumula: vicepresidente y ministro subsecretario de Presidencia.

2) Económicas: es el gobierno del Primer Plan de Desarrollo.»

La inversión de capital extranjero y el despegue económico que había propiciado exigían una serie de modificaciones que no tardaron en aparecer: la acción concertada que aparece en el Primer Plan de Desarrollo y el Principio de subsidiaridad asignado a la Empresa Pública, también en el Primer Plan, y que permitieron el apoyo a determinadas industrias, se completan en 1963 con el Decreto 157/1963 de 26 de enero que permite la libre localización de industrias.23

En el campo de las relaciones laborales los Convenios Colectivos aparecidos en 1958 culminan en 1962 con las normas de obligado cumplimiento que configuran al Estado, a través del Ministerio del Trabajo, como máximo árbitro de las relaciones laborales. También afecta al mundo laboral la creación del P.P.O., calificado por Tamames como instrumento para cualificar profesionalmente al emigrante, y la ley de Bases de 1963 que supone la reorganización de la Seguridad Social.

El 8 de noviembre de 1963 es aprobado en Consejo de Ministros el Primer Plan de Desarrollo. En este mismo año las remesas procedentes del Turismo se evalúan en 680 millones de dólares.24

Pero tanto los beneficios de la industrialización como los del Turismo revierten, en su mayor parte, a capital extranjero. Como índice de la situación global pueden servir las declaraciones efectuadas en 1967 por López Rodó, ministro comisario del Plan de Desarrollo, que calcula en 700.000 los españoles que trabajan en diversos países de la Europa Occidental.

El balance de esta política puede resumirse diciendo que permanecen y avanzan tanto el desarrollo como el desequilibrio. Los beneficios de la devaluación de 1959 se han evaporado y el país se encuentra sumido en una corriente inflacionista en la que el déficit de la balanza comercial no es el mayor problema.

En el campo de la educación el papel del Opus se reafirma, aunque fracase su intento de reemplazar al S.E.U., desplazado por organismos democráticos clandestinos como la F.U.D.E. y por las oficialistas A.P.E. (Asociaciones Profesionales de Estudiantes).

Todas estas modificaciones tenían que engendrar tensiones entre los dos grupos en el poder: el Opus y Falange, tensiones que se harán públicas de forma manifiesta cuando el 7 de julio de 1965 se realice un reajuste gubernamental «decidido en función de la dinámica interna del bloque del poder. Concretamente, las posiciones avanzadas por el Opus y su manifiesto deseo de confirmarlas: los problemas inflacionistas debidos a una coyuntura que Ullastres y Navarro Rubio no sabían contener…, la apertura de conversaciones exploratorias con la C.E.E.».25

Pero el nuevo gobierno sufre de las mismas tensiones que el anterior: al desarrollo económico del país y su creciente toma de conciencia política tendría que corresponder un proceso político paralelo; proceso que, llevado a sus últimas consecuencias, sería la negación del sistema. Ahora bien, lo que sí puede conceder son pequeñas parcelas de libertad: la ley de Prensa de 1966 es el termómetro de «la liberalización de Fraga».

Paralelamente, utilizando una propaganda que juega con el fantasma de la guerra y «los veinticinco años de paz» se monta un Referéndum, en diciembre de 1966, en el que se aprueba la ley Orgánica del Estado; culminando el proceso de Institucionalización del Régimen el 22 de julio de 1969, cuando Franco nombra a don Juan Carlos su sucesor, a título de Rey.

1969 marca el índice de inestabilidad del país y la capacidad de asimilación del sistema. En enero se decreta un Estado de excepción; en julio estalla el escándalo Matesa, y don Juan Carlos es nombrado sucesor. En octubre cambia el gobierno.

Todos los nuevos ministros son del Opus Dei.

Los miembros del Opus Dei tienen a gala su capacidad organizativa, defendiendo que su irrupción en la actividad económica y política española supuso la profunda transformación económica que situó a España entre los primeros países industriales del mundo. Sin embargo, ellos mismos, al hablar del milagro económico de España están capitalizando los ecos del milagro alemán, pero también dando interpretaciones irracionales en algo tan necesitado de planificación como la economía. Evidentemente, España experimenta un importante desarrollo desde los años sesenta, pero en él juega un papel fundamental el excedente de riqueza que otros países pueden ofrecer a España, y que se manifiesta como puestos de trabajo y capital. El primer caso supone la gran emigración laboral a Europa; el segundo, la irrupción de capital extranjero y compañías multinacionales en España.

Habrá, pues, un crecimiento evidente e innegable, pero que, por sus orígenes y características, será vulnerable y desigual, desembocando en un proceso de estanflación, es decir, de estancamiento con inflación. Aunque mal planificada y distribuida, la pujanza económica ha tenido el necesario efecto de rebote en la conciencia política del país, de forma que a los grupos clandestinos históricos se han sumado otros que, siguiendo la tendencia mundial de la nueva izquierda, insisten en la violencia como medio revolucionario. De todos ellos, el que cuenta con más implantación popular es, indudablemente, E.T.A. Hasta el punto que el Proceso de Burgos (diciembre 1970) supuso una auténtica movilización nacional e internacional que, por una vez, es acusada por el Gobierno.

La edad de Franco y la necesidad de su relevo es sentida implícitamente por López Rodó y Carrero Blanco:

«Además de no cometer un error político, hay que pensar también en que no debemos ensombrecer la inmagen de Franco ante la Historia y ante el mundo, presentándole a su edad como un hombre duro e implacables». 26

Cuando Franco, en su Mensaje de Fin de Año, anuncie que las penas de muerte han sido conmutadas, acudirá como justificación a la argumentación de las movilizaciones de masas.

«Las clamorosas y multitudinarias manifestaciones de adhesión que me habéis ofrecido durante este año con ocasión de mis viajes y visitas a Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cáceres, Galicia, Guipúzcoa, Jerez, Cádiz y Salamanca, y el inmenso plebiscito de adhesión de la Plaza de Oriente de Madrid y en toda España que habéis rendido en los últimos días no solamente a mi persona, sino al Ejército español y a nuestras instituciones, ha reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos, que el Consejo de Guerra de Burgos con alto patriotismo juzgó.»

Es evidente que en España no se producirá un cambio revolucionario, pero también es cierto que las líneas de fuerza —en el interior y en el exterior— se están modificando; es decir, para que el fascismo español perdure ha de estatuir y fortificar una serie de medidas que permitan su continuidad histórica, al menos a corto y medio plazo.

En este sentido, el Gobierno del 69 marca el final de una etapa en la que el país se mantiene de situaciones residuales y cuya clase dirigente ha de luchar contra un progreso generalizado. Y como es sabido, la dinámica del progreso es acelerada. Desde este prisma han de interpretarse las elecciones legislativas de 1971 que permiten la incorporación a las Cortes de un considerable número de monárquicos, y, sobre todo, la ley de Prerrogativa del 14 de julio de 1972, la cual prevé la ascensión automática a la Presidencia del Gobierno del Vicepresidente, en caso de quedar vacante la Jefatura del Estado. No es casual que el cargo de Vicepresidente esté siendo desempeñado por Carrero Blanco desde 1967.

La ley de Prerrogativa, publicada en el B.O.E. de 9 de julio de 1973, dice en su único artículo: «Queda en suspenso la aplicación del párrafo primero del artículo 16 de la ley de 30 de enero de 1938 por el que se establece la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado.»

El 20 de julio de 1973 el almirante Carrero presenta su Gobierno ante las Cortes. El 16 del mismo mes había sido publicada su composición en el B.O.E.

La importancia de este gobierno radica, en mi opinión, en que es el Primer Gobierno en que la suplencia de Franco está claramente definida y prevista; se podría decir que es el Gobierno encargado de realizar la «sutura» entre el franquismo y el post-franquismo.

Ahora bien, los planes tan cuidadosa y meticulosamente preparados quedarán rotos el 20 de diciembre de 1973, cuando un confuso atentado de E.T.A. acaba con la vida del Presidente del Gobierno.

Ha desaparecido una de las pocas personas con influencia sobre Franco, cuyo papel como inspirador de la política española está por estudiar,27 y cuyo poder para aglutinar a las fuerzas que podían mantener al país dentro de los parámetros franquistas era evidente. De forma que a la pregunta retórica de Santiago Carrillo ¿Después de Franco, qué?, se podría contestar: «después de Franco, Carrero Blanco».

Pues bien, la continuidad ha quedado truncada. Y cuando el 4 de enero de 1974 Carlos Arias sea encargado de formar nuevo gobierno, la dispersión de fuerzas en él es tan evidente que López Rodó llega a decir:

«Tengo motivo para pensar que el nuevo Gobierno no fue del agrado del Príncipe; los hechos demostraron más tarde que tampoco fue del agrado de Franco». 28

Había ya demasiados intereses preparándose para el día que Franco faltara y no había ni una sola persona en el país que pudiera capitalizar, capitanear y simbolizar lo que Franco había significado para el Régimen.

El 9 de julio de 1974 el Generalísimo ingresa en el Hospital Francisco Franco de Madrid; las informaciones que se filtran a la calle sobre lo que allí se desarrolla recuerdan las intrigas de las Cortes italianas del Renacimiento. Poco tienen que ver con la transición de poderes en un Estado europeo del siglo xx.

 

* * *

 

Cuando en abril de 1939 Franco empieza a gobernar sobre un país pacificado, su situación política no puede ser más ambigua; sus aliados extranjeros, sin cuya concurso nunca hubiera ganado la guerra, están en guerra a su vez. Y sólo reciben de él vagas promesas, acompañadas de tales exigencias, que hacen el acuerdo prácticamente imposible.29

Los compatriotas que le llevaron a la victoria tienen, en el caso de los monárquicos, al menos dos pretendientes que presentar como opción sustitutoria a su poder. Uno de los cuales, don Juan de Borbón, había intentado en julio y diciembre de 1936 incorporarse, sin éxito, al bando en que luchaban sus partidarios.

Pues bien, cuando el 7 de mayo de 1945 Eisenhower reciba en su cuartel general de Reims la capitulación del III Reich, la situación será aún más difícil para el general Franco, puesto que al descontento de parte de sus aliados y a la existencia de la guerrilla se une la posibilidad teórica de sustituirlo, bien por unas instituciones democráticas republicanas, bien por una Monarquía de carácter más o menos constitucional, bien por un gobierno provisional. Todo ello consecuente con la línea de reorganización que tiene lugar en Europa a la derrota del Eje.

Nada de esto ocurre y Francisco Franco continúa en el máximo puesto de la nación; la explicación a este fenómeno sólo puede radicar en ciertas ayudas que recibió durante la guerra y en la estructura de los grupos que formaron el bando vencedor. En otras palabras, no se gana una guerra para luego regalar el poder que ha proporcionado.

La guerra civil española, precisamente por su carácter de antecedente de la Segunda Guerra Mundial, sirve como catalizador de las fuerzas económicas y sociales existentes en el momento.

Por un lado, las democracias burguesas, en las que los grupos de derechas que no desean desenmascararse actúan de forma vergonzante, pero aprovechando en su propio beneficio el miedo de sus sociedades a que la guerra se extienda.

Por otro, la Unión Soviética, débil aún,30 buscando alianzas que retrasen el enfrentamiento, y con graves problemas teóricos y prácticos motivados por la doctrina de la Revolución permanente, o la del Socialismo en un solo país. Es decir, el enfrentamiento entre troskistas y estalinistas, que repercutirá gravemente en todos los partidos comunistas del mundo, y cuyas primeras manifestaciones violentas fuera de la U.R.S.S., tienen lugar durante la guerra civil española, prolongándose en las persecuciones a los veteranos de la Guerra de España.

Frente a ellos, el imperialismo fascista o nazi.

Leon Blum, el Comité de No Intervención y las Brigadas Internacionales, formadas por hombres que, con frecuencia, han de salir clandestinamente de su país, son las figuras clásicas.

Es sabido que las compañías americanas estuvieron proporcionando petróleo al bando nacionalista durante la guerra,31 en tanto que el gobierno de la República, legal y con reconocimiento internacional, no consiguió aprovisionamiento de guerra en U.S.A. ni pagando en oro. Aquí radica una de las claves fundamentales de la permanencia de Franco en el poder.

Es decir, la investigación en los archivos americanos proporcionará informaciones fundamentales para la historia de la España más inmediata. Recientemente, la prensa española dio la noticia de que:

«En un memorándum que lleva fecha de 18 de enero de 1950 enviado por el entonces secretario de Estado, Dean Acheson, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, senador Connally, se asegura que España tuvo, a finales de los años cuarenta, plena libertad para solicitar los créditos del Banco de Importación y Exportación de Estados Unidos, en las mismas condiciones que cualquier otro país europeo».32

La negativa por parte de Franco sólo puede explicarse por el miedo a la injerencia americana en un momento en que don Juan de Borbón podía ser una opción democrática plausible.

El desarrollo de la historia mundial hizo que la situación fuera cada vez más favorable a Franco, el cual pudo jugar la carta de haber sido el pionero en Europa en la lucha y la derrota del comunismo.33

Cuando en 1946 Churchill diga en Fulton: «Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha caído un telón de acero sobre el continente», está definiendo claramente lo que será la futura política mundial; el mundo se ha dividido en dos bandos, el anticomunismo va a convenirse en el leit motiv de toda política; en 1947, los ministros comunistas han salido de los gobiernos belga, francés e italiano; en 1950 Francia prohíbe a los comunistas españoles cualquier actividad política, siendo deportados a Argelia o expulsados. Mundo Obrero y Nuestra Bandera pasan de París a Praga, así como Radio España Independiente, que había trabajado con pequeñas emisoras volantes, se traslada a la U.R.S.S. pasando también por Checoslovaquia y Rumania. Hasta tal punto se extiende el anti-comunismo, que

«Estados Unidos tenía presente un plan de intervención militar en Italia en caso de que los comunistas en los años cincuenta hubiesen intentado alcanzar el poder…; según el informe que data del mes de abril de 1950, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos decidió un plan de contingencia por el que las fuerzas norteamericanas habrían intervenido militarmente en Italia, de acuerdo con el tratado de la 0.T A.N.»34

La dialéctica anticomunista se extiende y todos, comunistas y no comunistas, padecen sus consecuencias.

Los comunistas, porque, en último término, todo el problema del estalinismo no se explica tanto por la actitud de un hombre como por la situación de un pueblo, y de un grupo dirigente que se siente acorralado.

En tanto, los no comunistas se encuentran con que el dinero que permite su reconstrucción comprando utillaje americano, por supuesto, exige como contrapartida una línea política de alianza y bloques.

Ni la España franquista ni la España democrática escapan a la marea. Franco se presenta habitualmente en sus discursos como la alternativa al comunismo. Y en las declaraciones de los grupos de oposición es frecuente encontrar recogido el problema y su solución.

«A la alternativa de ‘Franco o comunismo’, nosotros contestamos: ni Franco ni comunismo: ¡democracia!».35

Pero como diría don Juan de Borbón, testigo de excepción de la situación española,

«Puede asegurarse que de los Estados Unidos depende hoy que el general Franco se marche o continúe por tiempo indefinido». 36

El anticomunismo tenía en el caso español otra variable. Una derrota necesita siempre una justificación, y los comunistas españoles, cuya influencia ideológica era superior a su poder numérico, fueron los grandes acusados. Su actitud posterior formando bloque con la Unión Soviética,37 dentro de la línea política del «partido guía», no serviría para mejorar la situación.

El anticomunismo español alcanzará una de sus cotas más altas cuando en 1962, con motivo de la presencia de 118 representantes de la oposición a Franco ante el IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Munich, la presencia comunista sea expresamente vetada por Gil Robles y Salvador de Madariaga.

Pero, sin embargo, las bases de los partidos en el interior hacía tiempo que estaban a veces actuando unidas y pidiendo la revisión de esta política a sus dirigentes.

Del enfrentamiento entre partidos hay que pasar a las diferencias entre el interior y el exterior; es decir, entre los dirigentes y la base. Disensiones motivadas por la forma de analizar la situación y, por lo tanto, de actuar. Estas disensiones dieron lugar a graves acusaciones, y son, también, una de las causas de la multiplicación de partidos de doctrina muy semejante y que no son más que escisiones del gran partido histórico, motivadas, con frecuencia, más que por graves diferencias doctrinales, por incompatibilidades entre dirigentes.

Evidentemente, la clandestinidad y la diferencia de vida entre los militantes del interior y los del exterior que, por motivos obvios, son además los dirigentes, es el mejor caldo de cultivo para situaciones enconadas.

En agosto de 1939, una delegación de la C.N.T. en el interior acude a Francia en busca de ayuda económica.

«Aunque la misión era tan delicada y reservada, a causa de que la delegación había de regresar al interior, la presenté —el informe es de Raimundo Jiménez— al S.E.R.E. (Mantecón) y la J.A.R.E. (Peiró), repitiendo ante ellos los informes y reclamando solidaridad.

Resultado de esta gestión fueron 10.000 (diez mil) francos que entregó a la delegación el secretario general del M.L. compañero Esgleas.

Los otros organismos gastaban una respetable cantidad de millones cada mes en subvenciones a los altos cargos civiles y militares de la República en espera de su evacuación a América. Y, mientras tanto, a los delegados directos de la Resistencia española… los administradores del tesoro nacional y del patrimonio orgánico… entregaban a la Resistencia interior 10.000 francos, apresuradamente, para cubrir el expediente y librarse lo más rápidamente posible de tan enojosa y acusadora presencia». 38

La historia de la Resistencia interior es, por lo tanto, una serie de alianzas y rupturas que, con frecuencia, van a la zaga de los acontecimientos. Su característica general fue la lucha por la libertad en una situación cuyo final era imposible predecir. Su mejor resultado fue que, a nivel creciente, la masa del país, aunque no pasara a encuadrarse directamente a organismos de la oposición, reconoció y admitió sus consignas, creándose, y aceptándose, una organización paralela a la oficial que permitiría, a la muerte de Franco, sustituir, con rapidez y eficacia, algunas organizaciones fascistas por otras democráticas.

Pero hasta este momento la lucha fue compleja y difícil, puesto que, como iremos viendo a continuación, la guerra fría y la política de bloques suponen el reconocimiento e incorporación del Estado franquista a diversos organismos internacionales. La reorganización económica iniciada en 1959, y que tan duros comentarios motiva puesto que supedita la economía del país a intereses supranacionales, sirve, sin embargo, a los políticos del régimen para efectuar triunfalistas declaraciones nacionalistas. El 14 de marzo de 1972 se presenta ante la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno de las Cortes el III Plan de Desarrollo; poco después, el 9 de mayo, López Rodó dirá en el Pleno de las Cortes:

«En las grandes horas de la Historia, los españoles nunca nos hemos encontrado en casa». 39

Y en 1977 afirma:

«Desde entonces (I Plan de Desarrollo) la economía española había registrado el momento más brillante de su historia, con un aumento del Producto Nacional Bruto a un ritmo medio anual del 7 por 100 en términos reales… Se consiguió el pleno empleo40… En esta década el país se transformó realmente, y los españoles alcanzaron unos niveles de bienestar similares a los de buena parte de los países industrializados… Después de mi salida41 surgieron problemas y graves dificultades que no podían preverse…, en especial la crisis energética originada por el conflicto árabe-israelí del mes de octubre de 1973 que desencadenó un agudo proceso inflacionista…; no se trata de una situación heredada, sino de algo sobrevenido». 42

De algo sobrevenido a un país en el que el capital extranjero juega un papel predominante y que al conjugarse la crisis económica general con el cambio político no ha vacilado en retirar su dinero, puesto que la crisis de la Bolsa, por ejemplo, tiene también un trasfondo político. Además, la industria del automóvil y la del turismo son dos pivotes en la industrialización del país, y evidentemente, aun prescindiendo del capital extranjero en ellas, se trata de dos industrias de lujo que en un momento de crisis sufrirán agudamente sus consecuencias. Sin embargo, la mala planificación económica del país va a tener un importante efecto de rebote: se incorporan a la oposición capas de las clases que están en el poder, y no a nivel de personalidades frustradas o desclasadas, lo cual constituiría una anécdota, sino como sectores enteros afectados por el alarmante deterioro de España.

Es decir, el estancamiento económico y social que propicia el fascismo ha llegado a su techo, afectando directamente a los grupos que le mantienen políticamente y que, por un puro mecanismo de supervivencia, se van a pasar a la Oposición. No se trata ya de actitudes morales, cuyo máximo representante puede ser Ruiz Giménez, sino de gestos colectivos. Que a la muerte de Franco la «Plata-junta» sea un organismo importante, y que se disuelva a continuación, no es un hecho casual, sino el resumen de un proceso histórico.

 

* * *

 

Para terminar esta Introducción he de indicar qué grupos voy a considerar formando parte de la Resistencia interior, puesto que no todos los descontentos con el régimen de Franco son demócratas. Basta citar el ejemplo, ya visto, de Ridruejo en 1942, al que se pueden añadir: la petición de un grupo de procuradores de junio de 1943; la de generales, en septiembre del mismo año, o la petición, en marzo de 1944, de catedráticos, todas ellas solicitando de Franco la Restauración de don Juan.

Tampoco incluiré los intentos de reconstruir la «Falange Auténtica», como el de 1968 llevado a cabo por Hedilla. Prescindiendo de sus intenciones evolutivas, más o menos acentuadas, el hecho de que dirijan la petición a Franco les quita el carácter de «resistentes»; en el caso de los grupos derechistas, la situación es obvia.

Consideraré demócratas-resistentes a todos los grupos que lucharon por defender la legitimidad de la República, cuyo carácter democrático no creo que nadie ponga en duda; y a los nuevos sectores que se van incorporando a la resistencia desde postulados que reconocen como indiscutibles el derecho de asociación, el sufragio, la representatividad y la responsabilidad ante una Constitución, con independencia de la vía que elijan para alcanzar esta legalidad.

 

Notas

  1. En principio admitiremos que la guerra es una situación excepcional, por lo que la actitud de los Estados beligerantes sólo puede ser indicativa de una tendencia.
  2. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1945 se suprime la oficialidad/ obligatoriedad del saludo fascista. Respecto a la separación de Serrano Súñer del gobierno, López Rodó, en su obra La larga marcha hacia la monarquía, le da una interpretación anecdótica, relacionándola con los sucesos de Begoña.
  3. Además, en tanto que la República había definido la separación Iglesia/ Estado y como durante la guerra es defendida por partidos que, con frecuencia, hacen explícitas declaraciones de ateísmo, la coartada a favor de la Iglesia por parte de los sectores nacionalistas es, casi, necesaria.
  4. La Plaza de Oriente de Madrid ha sido el escenario habitual de las concentraciones de afirmación nacional. En 1956, aludiendo a los sucesos de febrero, Franco dice: «No damos ninguna importancia a esas turbias intrigas de una docena de politicastros… y si tratasen de interponerse en nuestro camino, daríamos suelta a la riada de camisas azules y boinas rojas, que se pondrían en marcha otra vez.» O la movilización del 1 de octubre de 1975, en apoyo del Régimen, ante las oledas de protestas que motivaron las cinco ejecuciones del 27 de septiembre de ese mismo año.
  5. El subrayado es mío.
  6. Germani, C.: «La socializzacione politica dei giovanni nei regimini fascisti Italia e Spagna», en Quaderni di Sociologia, n.° 18 (1 y 2), enero-junio, 1966. Cf. Hermet, G.: La politique dans l’Espagne franquiste, A. Colin, París, 1971, pág. 14.
  7. Serrano Súñer, R.: «La renuncia», en Dionisio Ridruejo, de la Falange a la oposición, Madrid, Taurus, pág. 81. A partir de ahora este libro será cicitado como Dionisio
  8. El Comité de huelga lo componen un socialista, un anarquista y un comunista, aunque el P.S.O.E. oficialmente está en contra de la actividad conjunta, y así parece que se dice en un número de El Socialista, del que sólo he encontrado referencias orales.
  9. Reguilón, L.: El último guerrillero de España, Ed. A.G.L.A.G., Madrid, 1975, pág. 471. Según el autor, la manifestación «consistía en que pasaran simplemente en cualquier dirección y hora del día 18 de julio por la plaza de la Independencia… todos los amigos de la democracia…; sobre el propio carro de la Cibeles… lancé una gran bandera republicana».
  10. Los candidatos tienen que ir avalados por un número determinado de firmas.
  11. Vilar, S.: La oposición a la Dictadura; Barcelona, 1976. Conversaciones con Miguel Núñez, pág. 209.
  12. Tamames, R.: La era de Franco; Madrid, 1975, pág. 520.
  13. Véase más adelante.
  14.  El Instituto Español de Moneda Extranjera creado el 27 de agosto de 1939 es un organismo autónomo que por su rango fundacional es independiente de los Ministerios de Hacienda y Comercio; institucionalizándose así, de alguna manera, una política monetaria dispar o incoherente.
  15. Sardá, J.: «El Banco de España (1931-1962)», en El Banco de España. Una historia económica; Madrid, 1970, pág. 455.
  16. Ibídem, pág. 467.
  17. Ibidem, pág. 473.
  18. Georgel, J.: Le franquisme. Histoire et bilan. 1939-1969; París, 1970, pág. 337.
  19. Por ejemplo, en octubre de 1967, la Chrysler compra el 77 por 100 de la Barreiros.
  20. Tamames, R.: Op. cit., pág. 515.
  21. Véase más adelante la cronología de las relaciones España-C.E.E. Ahora bien, si en un primer momento la situación política fue el factor determinante para vetar la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, más adelante habrá de jugar, también, un papel fundamental el hecho de que la producción agrícola española es competitiva respecto a la de otros países integrados (Italia, Francia). Así, pues, España, marginada de Europa por su régimen político, en el momento en que se planteaba una reorganización económica del continente, que podía ser complementaria, sufrirá durante largo tiempo las consecuencias de esta marginación. El mercado con los países socialistas iniciado tímidamente en los años sesenta, así como la racionalización de los tráficos con Latinoamérica, pueden ser una alternativa viable.
  22. Hombre de confianza de Franco desde los primeros tiempos, pues es nombrado subsecretario de la Presidencia en 1941.
  23. Lo cual origina no pocos disparates económicos, como el que lleva a situar la Ford en una fértil zona agrícola, a la que arruina, en vez de localizarla en áreas deprimidas. Pero, evidentemente, fueron más poderosos los intereses que movilizó la Ford en su propio beneficio que cualquier otra consideración.
  24. En 1954 serán 932, y en 1966, 1.135 millones de dólares.
  25. López Rodó, I.: cit., pág. 520.
  26. López Rodó, L.: cit., pág. 406.
  27. Resulta significativo que Laureano López Rodó, que en su obra La larga marcha hacia la Monarquía da minuciosas informaciones sobre los entresijos del poder, al referirse a la reacción de Franco ante la muerte de Carrero, se pregunta: «¿Qué razones o presiones le indujeron a este cambio de rumbo? Es ésa una incógnita que quizás nadie tenga suficientes elementos de juicio para despejar totalmente.» La línea de influencia del Opus Dei a través del Almirante había quedado rota, y no había forma de rehacerla.
  28. López Rodó, L.: Op. cit., pág. 450.
  29. Como las exigencias sobre el Norte de Africa, que chocaban con los intereses de Francia y, por lo tanto, fueron vetadas por el gobierno colaboracionista de Pétain.
  30. El reconocimiento por Bélgica, U.S.A. y España es de 1933; y de 1935 el de la Pequeña Entente. En 1934 es admitida en la Sociedad de Naciones; la firma, en 1935, del Pacto Franco-Soviético de Alianza Mutua, incorpora a la U.R.S.S. al sistema de equilibrio europeo.
  31. Hace años, un bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Madrid me decía para cuantificar la riqueza de los Archivos españoles, que Franco había estado recibiendo petróleo de compañías americanas durante toda la guerra, habiendo puesto como aval los Archivos de Indias y Simancas.
  32. El País, 14 de septiembre de 1977, pág. 15.
  33. En este sentido me parece muy revelador el párrafo siguiente de la Orden del 23 de marzo de 1938, publicada en el B.O.E. del 26 de marzo de 1938: «… el gran número de notarías vacantes en el territorio liberado y la presencia en él de muchos notarios evadidos de la zona soviética…» El subrayado es mío.
  34. El País, 16 de septiembre 1977, pág. 2.
  35. Declaración de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas Españolas en 1948.
  36. De la nota entregada el 15 de septiembre de 1947 a las Embajadas.
  37. Caso de la entrada de España en la O.N.U., que se verá más adelante.
  38. Molina, J. M.: El Movimiento clandestino en España, 1939-1949; México, 1976, pág. 67.
  39. López Rodó, L.: Op. cit., pág. 450.
  40. El mismo López Rodó reconoce el 17 de enero de 1967 que había 700.000 españoles trabajando en Europa. En esta misma fecha el director del Instituto Nacional de Emigración afirma qu el número de españoles en Europa es de 645.000. No se incluyen los contingentes de residencias, que en Francia alcanzan la cifra de 638.000, ni los numerosos españoles que trabajan en otros países. París Eguilaz, H.: España Contemporánea; Madrid, 1973, pág. 137.
  41. Dice en nota pie de página.
  42. López Rodó, L.: Op. cit., pág. 450.
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