Dionisio EROLES BATLLÓ por Agustín Guillamón (Publicado en catalán en el núm.194 del Catalunya (CGT), julio-agosto de 2017)

Left to right: Josep Xena, Dionisio Eroles Batlló (1900-1940), and an unidentified journalist in the grounds of the Generalitat Palace waiting to be received by President Companys during the talks to solve the government crisis of 1937. Photo: Josep Maria de Segarra.

Nació en Barcelona el 2 de noviembre de 1900. Valentín, su padre, había nacido en el pueblecito de Pla de Sant Tirs, en la comarca del Alt Urgell, de donde había emigrado a la ciudad de Barcelona. Su madre era barcelonesa, nacida en el barrio de Sants. Dionisio nació en el domicilio familiar, en la calle Manso número 35, quinto piso.

Empezó a trabajar con solo 8 años en una fábrica de vidrio, ingresando muy joven en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fue encarcelado en agosto de 1919, y también en mayo y noviembre de 1920. El 30 de noviembre de 1920 fue desterrado a la fortaleza de la Mola, en Mahón, donde permaneció hasta octubre de 1922.

El barco Giralda salió del puerto de Barcelona con 35 militantes anarcosindicalistas y el concejal del Ayuntamiento barcelonés, Lluís Companys. Esos 35 sindicalistas eran la élite cenetista del momento, y habían sido condenados por su intervención en la huelga de la Canadiense en 1919: Salvador Seguí Rubinat, Manuel Salvador Serrano, Camilo Piñón Orihuela, Francisco Comas Pagès, Vicenç Botella Moya, Narcís Vidal Cucurella, Josep Vidal Cucurella, Eusebio Manzanares Barrera, Martín Barrera Maresma, Miguel Abós Serena, Antoni Soler Cuadrado, Josep Viadiu Valls, Enrique Rueda López, Aniceto López Dalmau, Emilio Albaricias Alorda, Jaime Albaricias Descarga, Manuel Núñez García, Saturnino Meca González, Dionisio Eroles Batlló, Antonio Ocaña Martín, Josep Soler Guillemat, Manuel Castarienas Domingo, José Francàs Jarquín, Josep Roigé Redondo, Guillermo Vales Bruguera, Daniel Rebull Cabré, José Antonio Gómez Vicente, Eusebio Jorge Sánchez, Salvador Pascual Mascaró, Antonio Calomarte Costa, Salvador Caracena Díaz, Ramón Recasens Miret, Francisco Arsia Simón, Jesús Vega Fernández y Antonio Amador Obón.

Al día siguiente, cuando el barco llegó a Mahón, uno de los oficiales de la tripulación comunicó a los deportados que el abogado laboralista Francesc Layret había sido asesinado en Barcelona.

Dionisio Eroles en noviembre de 1936, cuando era jefe de orden público de la Generalitat: sentado, en el centro y rodeado de Els Nanos d’Eroles. Fotografía: Mi revista.

Eroles fue militante cenetista de los grupos de acción del barrio barcelonés de Sants. Fue juzgado en varias ocasiones. En junio de 1926 fue condenado por robo a seis años de prisión y encarcelado en el Penal de Ocaña. Otra condena de tres años por tenencia de armas incrementó su pena. En la práctica, estuvo encarcelado durante toda la dictadura de Primo de Rivera.

Fue excarcelado gracias a la amnistía que siguió a la proclamación de la República. En agosto de 1931 fue nombrado secretario del Ramo Fabril y Textil. Participó en las insurrecciones de enero de 1932 y de enero de 1933, por lo que de nuevo fue juzgado y condenado a distintas penas de prisión. De abril a junio de 1933 cumplió pena como preso gubernativo en el barco-prisión Manuel Arnús.

En julio de 1936 desempeñó el cargo de secretario del Consejo de Obreros y Soldados (organismo encargado de la depuración de fascistas en la Guardia civil, Guardia de Asalto y Ejército), dependiente del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (CCMA)

En octubre de 1936, disuelto ya el CCMA, fue nombrado Jefe de Servicios de Orden Público de la Junta de Seguridad Interior, en dura rivalidad y continuos enfrentamientos con la Comisaría general y el consejero de Seguridad Interior (Artemi Aguadé de ERC), dominada por estalinistas y ERC. Creó un rondín propio, conocido como “els nanos d´Eroles” y un servicio de información, anexos ambos a su cargo policial. Ese servicio de información de Eroles colaboraba y compartía datos, investigaciones y noticias con el servicio de investigación e información cenetista dirigido por Manuel Escorza del Val.

Eroles también coordinaba otros grupos de acción:

  1. El que ocupó en el verano de 1937 el Palacio de Justicia, que estaba al servicio del Comité de Justicia Revolucionaria de la CNT, luego llamado oficialmente por el Diari Oficial de la Generalitat (DOG), Oficina Jurídica.
  2. El Comité de los Escolapios, que gestionaba y coordinaba los diversos grupos que tenían su sede en ese edificio, y que, a su vez, se integraba en el comité de defensa del Centro (y Poble Sec), con sede en ese mismo edificio de los Escolapios.
  3. El dirigido en la Junta de Seguridad Interior por Tomás Orts para Comarcas.

Aunque la Junta de Seguridad Interior parecía, al principio (octubre de 1936), una continuidad de los servicios de policía prestados por el CCMA, en realidad todo había cambiado. Quien ahora tenía todos los resortes del mando era el Consejero de Seguridad Interior, que a su vez dependía del gobierno de la Generalidad. Que algunos de los cargos importantes de esa nueva Junta estuviesen en manos de la CNT-FAI era sólo una necesidad inicial, provisional, para la reafirmación y consolidación de esa Junta. Esos cargos cenetistas podían ser revocados por el gobierno, o ninguneados por el Consejero de Seguridad Interior, Artemi Aguadé. La dualidad de poderes en el seno de la Junta se convirtió en un campo de batalla más entre los cenetistas y el gobierno. Mientras los cenetistas querían convertir la Junta de Seguridad en una plataforma, que les permitiese controlar el Orden Público desde su predominio en las Patrullas de Control, Aguadé potenció y consolidó un nuevo Cuerpo Único de Seguridad, capaz de sustituir a las Patrullas de Control. Fue ése un largo proceso, que se inició en octubre de 1936 y terminó a principios de junio de 1937. El debate sobre el Reglamento cuestionaba si esa Junta era independiente del gobierno y tenía suficiente personalidad y capacidad para decidir en los asuntos de Orden Público, como pretendían Aurelio Fernández y Dionisio Eroles, o bien era un simple anexo para asesorar al Consejero de Seguridad Interior, como pretendía y quería el gobierno de la Generalidad.

Que el 8 de octubre Barcelona siguiera estando sometida a numerosos controles internos, mediante barricadas y patrullas, nos da idea de la fuerza amenazadora de la CNT, que el gobierno de la Generalidad quería domesticar mediante la participación de los dirigentes libertarios en una Junta de Seguridad, considerada como una institución auxiliar del Consejero de Seguridad Interior. El gobierno de la Generalidad necesitaba integrar a los cenetistas en esa Junta, si quería controlar el Orden Público. Que Dionisio Eroles y Aurelio Fernández considerasen la Junta de Seguridad, como un ente independiente del gobierno, y al Consejero, como un mero enlace entre la Junta y la Generalidad, explica las crecientes divergencias en el seno de la Junta.

El 17 de octubre de 1936 el Consejo de la Generalidad efectuó los siguientes nombramientos: Comisario General de Orden Público (OP): Andreu Revertés Llopart (ERC), en sustitución de Enrique Gómez García; secretario general de OP: Josep Coll Torrelles (POUM); inspector general de Servicios de OP: Joaquín Olaso Piera (PSUC); Jefe de Servicios de OP: Dionisio Eroles Batlle (CNT).

El 22 de octubre Eroles y Escorza por CNT, Pedro Herrera por la FAI, Antonio Sesé y Rafael Vidiella por UGT y Felipe García por el PSUC, firmaron un pacto conjunto de unidad antifascista, con el objetivo declarado de ganar la guerra al fascismo.

El 4 de noviembre, Solidaridad Obrera publicó, en portada, un breve artículo de exaltación y aliento a los nanos d´Eroles, en el que se afirmaba que “los grupos de investigación creados por Dionisio Eroles, jefe de los Servicios de Orden Público, trabajan sin cesar y con el mayor acierto”. Las acciones de esos grupos de investigación eran “mazazos” contra la quinta columna barcelonesa. Se afirmaba que Eroles hablaba de sus nanos con el fervor propio de un padre. El articulista terminaba glorificando “a los camaradas de las Patrullas de Control”, a los que debía “Barcelona su tranquilidad”.

            El 13 noviembre 1936, Eroles impidió la huida de Azaña a Francia, sometiéndolo a una intensiva vigilancia policial, incluida la amenaza a su guardia personal de las nefastas consecuencias que tendría para ellos la escapada de Azaña al extranjero.

            El 15 de noviembre, La Vanguardia publicó la noticia de una entrega a la Tesorería de la Generalidad por parte de la Comisaría de Orden Público de diversos objetos valiosos, hallados en los registros efectuados en pisos abandonados por elementos facciosos. El diario detallaba el dinero y los objetos entregados, fruto de la labor policial del rondín de Eroles. Al parecer, una parte de estas entregas, habituales y de considerable valor, eran apropiadas por Eroles “para el sindicato”. Eroles consideraba ese “tesoro” como un elemento de negociación o socorro ante un futuro incierto y problemático. Ese “tesoro” lo custodiaba Eroles personalmente.

            El 20 noviembre de 1936, Eroles tomó rigurosas medidas para impedir las sacas de presos en la Cárcel Modelo, que se temía estallaran en represalia por los bombardeos navales fascistas contra la costa catalana, en Roses y oras poblaciones.

Desde noviembre de 1936 hasta mayo de 1937 hubo constantes enfrentamientos de Dionisio Eroles y Aurelio Fernández contra Artemi Aguadé (ERC), consejero de Seguridad. Eroles se opuso a la constitución de Patrullas de Comarcas, en contra del criterio de Rebull (Rabassaires), porque escapaban al control de CNT.

            El 23 noviembre de 1936, Eroles propuso la disolución del Consejo de Obreros y soldados, porque obstaculizaban “la verdadera disciplina”.

            El 25 noviembre 1936, Eroles, secundado y ayudado por Manuel Escorza, desde el Servicio de Investigación e Información de la CNT-FAI y Liberato Minué (cuñado de Escorza) desde ese mismo servicio de espionaje en Francia, desbarató y denunció la planificación de un golpe de estado de Estat Català, dirigido por Joan Casanovas y Andreu Revertés. Según Eroles el comisario Revertés había preparado un complot que tenía “por finalidad la desaparición de los compañeros Aurelio Fernández, Vicente Gil y Solans”, este último secretario de Eroles, así como del presidente Companys.

Todo apuntaba a que se trataba del temprano aborto de la preparación de un golpe de estado contra Companys, a causa de su “alianza” con los anarquistas, y que se proponía la eliminación física de varios dirigentes ácratas, “responsables de la anarquía imperante en Cataluña”, entre los que destacaba el nombre de Aurelio Fernández. El confuso objetivo final se orientaba a una independencia de Cataluña, fundamentada en el apoyo de las potencias fascistas de Italia y Alemania, que quedaría al margen de la República y de la España de Franco. Existía un hilo, ferozmente anticenetista, que unía la preponderancia catalanista-fascista de Dencás-Badía, en 1934, en el Departamento de Gobernación de la Generalidad, con el descontento de Estat Catalá por haber sido marginado del gobierno de la Generalidad tras el 19 de julio de 1936, que llegaba hasta ese ridículo intento de un golpe de estado contra Companys y sus aliados ácratas.

            El 26 diciembre de 1936, Eroles manifestó que presentaría su dimisión si tenía que enfrentarse al dilema moral de tener que reprimir los alborotos populares que se producían en las colas del pan.

            El 4 enero de 1937, la Junta de Seguridad acordó que cualquier registro o detención debería llevar, en el futuro, la firma del Comisario General (Eusebio Rodríguez Salas) o del Jefe de Servicios de OP (Eroles). Desde enero hubo constantes y violentos enfrentamientos personales de Aurelio Fernández y Dionisio Eroles, por una parte, contra Rodríguez Salas, por la otra, causados por la chulería y provocaciones del comisario general. Eroles ordenó numerosas incautaciones de almacenes ilegales de víveres, que destinó a abastecer los hospitales. El 27 de enero 1937, Eroles defendió la actuación de Patrullas y de CNT en La Fatarella. El 3 de febrero, Eroles reactivó el Consejo de obreros y soldados, ahora para evitar la creciente influencia y penetración del PSUC y UGT en los cuerpos policiales y en las unidades militares.

            El 19 de febrero 1937, Eroles denunció el uso de su nombre por parte de incontrolados que realizaban registros y detenciones indebidos, o no autorizados. Se escandalizaba ante el hallazgo de cadáveres en las afueras de Barcelona de gente fusilada, sospechando que algunos de tales desmanes (no todos) podían proceder de las filas cenetistas. Se trataba de un difícil proceso de transición, que pretendía que la violencia política y la represión de derechistas, curas y fascistas fuesen ejercidas sólo por las Patrullas de Control. Quería restablecerse el monopolio de la violencia por parte de la Junta de Seguridad Interior. Las jornadas revolucionarias de julio habían despedazado el monopolio de la violencia por parte del Estado entre una miríada de grupos autónomos, no sólo anarquistas o sindicalistas, que la ejercían por su cuenta y riesgo, sin apenas control alguno, ni obligación de dar cuentas a nadie.

            El 24 de febrero 1937, Aguadé citó varios casos “en los que agentes de la autoridad han saqueado e incluso han asesinado”. Citó los casos de Vilanova i la Geltrú y de Centelles. En el primer lugar una mujer fue sacada del hospital, donde era tratada de las heridas recibidas por los autores del primer intento de asesinato, para rematarla. En el segundo, unos detenidos bajo promesa de no hacerles nada, también fueron asesinados. Informó Aguadé del proceso abierto en Francia con motivo del hallazgo, en Céret, de una maleta llena de oro, que un delegado del frente de Aragón tenía en su poder. Continuó Aguadé, refiriéndose a la Torre dels Pardals (Bonanova), “donde actúa un Comité de la FAI, con intervención de elementos que están en la comisaría de Orden Público, a las órdenes del Jefe de Servicios”. Era un ataque directo contra Eroles, que detentaba ese cargo de Jefe de Servicios de OP. Aguadé explicó que, en esa Torre, “había muchos detenidos, a los que se ofrecía pasaportes a tres mil pesetas”. Leyó Aguadé “un informe que da detalles de cómo actúan, bajo la dirección de un jorobado”. Aguadé atacaba ahora a Escorza, ya que ese jorobado no podía ser otro que Manuel Escorza del Val.

Aguadé afirmó que no podía actuar contra esos agentes (Eroles, Escorza y Asens), porque “no están al servicio del Gobierno, sino al servicio personal de Jefes que no secundan las órdenes del Consejero”. Aguadé planteaba valientemente la cuestión evidente de la existencia de varios poderes en el departamento de OP. Y lo hacía en un marco favorable: el Consejo de la Generalidad, y en un momento adecuado: la denuncia por parte de Companys de la gravedad del desorden público imperante. Pero se echaba en falta la explicación histórica y política de la situación existente en Orden Público. El pacto, que acordó la entrada de la CNT en el gobierno de la Generalidad y la disolución del CCMA, había tenido como contrapartida que la CNT se asegurase un papel preponderante en Defensa y en Orden Público. Se creó especialmente la secretaría de Defensa para que fuera ocupada por García Oliver, y cuando éste dimitió por haber sido nombrado Ministro de Justicia de la República, se suprimió tal cargo, con la promesa de que Sandino (consejero de Defensa) sería sustituido por un cenetista.

También se creó (a principios de octubre de 1936) la Junta de Seguridad Interior, con un reparto equilibrado entre las distintas fuerzas en presencia: Aguadé (ERC) consejero de OP, Eroles (CNT) Jefe de Servicios de OP; Aurelio Fernández, secretario de Patrullas de Control; Asens, Jefe de Servicios de Patrullas de Control. El cargo de comisario de OP, controlado también por ERC, tuvo un accidentado curso histórico, más imputable a la incompetencia y corrupción de quienes lo desempeñaron, que a la acción crítica y erosiva de la CNT, con la detención y fusilamiento de Revertés, la dimisión de Martí Rouret y finalmente su desempeño por parte de Eusebio Rodríguez, militante del PSUC. La situación de ruptura y enfrentamiento existente en la Junta de Seguridad Interior fue uno de los factores fundamentales de la inestabilidad política de la primavera de 1937.

            El 27 de febrero de 1937 se produjo una manifestación de guardias civiles dando mueras a Eroles. La Guardia Nacional Republicana (GNR: antigua guardia civil), de Asalto y Seguridad asistieron en formación militar al entierro del agente-conductor Juan Vila, muerto a tiros en Granollers, dos días antes, por gente armada de la población, cuando había ido a proveerse de alimentos. Al pasar la comitiva fúnebre por las Ramblas se produjeron incidentes. Los manifestantes, “precedidos por la bandera nacional y de las bandas de tambores y cornetas de la GNR, se encaminaron hacia el Palacio de la Generalidad”, para protestar por la injurias recibidas por la bandera y por el uniforme. Fueron recibidos por Companys: “hiciéronle presente su entusiasmo y leal adhesión”. Se desplazaron a la Comisaría de vía Layetana, donde tuvieron una tensa entrevista con el teniente coronel Arrando. Los manifestantes corearon diversas consignas, y se oyó, entre otros, el grito de “¡Muera Eroles!. Se presentó en comisaría Aguadé, consejero de Seguridad Interior, para apaciguar los ánimos. Los comisionados de las fuerzas policiales presentes exigieron un mando único, controlado por la Generalidad, y después se disolvieron, sin más incidentes.

Ese mismo día el CR reivindicó a Eroles y rechazó la manifestación. A continuación, el Comité Regional informó al Congreso (de sindicatos catalanes de la CNT) sobre la reunión del Consejo de la Generalidad en la que se discutieron los temas de orden público, sin llegar a ningún acuerdo “por discrepancias de orientación”. El CR informó que ayer noche se designó una ponencia, que hoy se había convertido ya en un proyecto de acuerdo, pero entonces se produjo, “el incidente de este mediodía con la manifestación de la fuerza pública”. Reunidos CR, consejeros cenetistas en la Generalidad y la Junta de Seguridad, se acordó “que en el Consejo que se celebra esta noche se ponga como condición previa la de que el Gobierno de la Generalidad ha de publicar una nota reivindicando al compañero Eroles, que representa a la CNT-FAI en el seno de la Junta de Seguridad”, ya que en la manifestación de guardias de asalto y guardia civil del mediodía, ante la Comisaría de Orden Público, se habían dado gritos de “¡Muera Eroles!”. Se había acordado además que, en caso de no aceptación de tal exigencia, los consejeros cenetistas dimitirían de sus cargos. Profesiones Liberales propuso al Congreso que manifestara “la más completa solidaridad con el camarada Eroles, que está sostenido y apoyado por toda la Organización Confederal de Cataluña”. El pleno dio su acuerdo mediante aclamación y el presidente manifestó su aprobación formal por el congreso.

El 1 de marzo de 1937 Mi Revista elogiaba a Eroles por “los nuevos servicios prestados a la causa antifascista por Eroles, Solans y demás nanos a sus órdenes”. El 4 de marzo, el DOG publicó siete Decretos y dos Órdenes, mediante los cuales se disolvían las Patrullas de Control y se creaba el Cuerpo único de Seguridad Interior, fundamentado en la unificación de la Guardia de Asalto, que ya estaba a las órdenes del gobierno de la Generalidad y la Guardia Nacional Republicana (GNR: antigua guardia civil), que dependía hasta entonces del gobierno central. La importancia del nuevo cuerpo radicaba en que esa nueva fuerza de orden público, al servicio exclusivo del gobierno, desplazaba totalmente a las Patrullas de Control. Ningún funcionario del nuevo Cuerpo podría estar afiliado a sindicatos o partidos políticos. Al mismo tiempo se decretaba la disolución de todas las Consejerías de Seguridad o Defensa en los Ayuntamientos, y se disponía la retirada de los puestos fronterizos con Francia de las patrullas de milicianos y de los comités de investigación o control.

Era el final de un largo proceso, que terminaba con la dualidad existente en la gestión del Orden Público en Cataluña, entre CNT y Generalidad. Sin embargo, la orden de disolución de las Patrullas de Control no sería efectiva hasta el 5 de junio de 1937, y aún entonces como consecuencia de la derrota cenetista tras los Hechos de Mayo, triste colofón del desarme de los proletarios, previo a la represión generalizada del movimiento obrero anarquista.

El 20 marzo de 1937, el CR nombró asesores del CR, en el área de Orden Público, a Aurelio Fernández, Dionisio Eroles y José Asens; Investigación: Arias, Escorza, Riera, Portela. Justicia: Batlle. El 1 de abril Mi revista volvió a elogiar al grupo de Eroles por sus acciones contra la Quinta Columna.

El 6 de abril se reunió el Comité Regional en la Casa CNT-FAI. Asistió el compañero Torres, de Perpiñán, que explicó la situación del movimiento anarquista en Francia y los proyectos existentes. Detalló los obstáculos que encontraban para el envío a Cataluña de armas y víveres, así como el sabotaje de los estalinistas. Anunció la celebración de un gran mitin en París en favor de la revolución española.          Valerio Mas leyó una carta “dirigida a Companys, referente a la crisis actual” y su respuesta, que se proyectaba publicar en Solidaridad Obrera, como culminación de “un ataque escalonado en defensa de la verdad y justificación” de la posición cenetista. Sanidad narró lo recientemente ocurrido en Olesa de Monserrat, donde, en un enfrentamiento con la antigua guardia civil, murió uno de éstos, produciéndose posteriormente la detención de ocho militantes cenetistas, su maltrato y el saqueo del pueblo por parte de los refuerzos enviados por la guardia civil. Las órdenes partieron de Rodríguez Salas, que contaba con la colaboración del PSUC. Tarrasa, Esparraguera y Olesa declararon la huelga general y los confederales se levantaron en armas, exigiendo la liberación de todos los detenidos.          En ese momento entró Eroles en la sala de reuniones, manifestando que había intervenido desde el primer momento en este asunto. Aguadé estaba interesado en retener a los presos. Abogó en favor de que el CR protestase enérgicamente, exigiendo la inmediata libertad de todos los detenidos. Eroles analizó el momento presente, explicando que la voluntad de dimisión, expresada por Companys, había agravado la situación del Orden Público, ya que PSUC y UGT aprovechaban cualquier conflicto para alterar el orden, como había sucedido, por ejemplo, con el reciente entierro de un guardia. Eroles puso en alerta al Comité de Defensa (presente en esta reunión), por si al día siguiente esos “indeseables” conseguían amotinar a los asistentes al entierro de un guardia, fallecido en Olesa.

            El 8 de abril de 1937, Rodríguez Salas, Comisario general de OP, facilitó al mediodía un informe a la prensa, en el que desvelaba la enorme tensión vivida recientemente, exigiendo “que la calle no sea controlada por nadie más que no sea la fuerza pública, o bien otras organizaciones de la misma índole”. Aseguró que se había restablecido la normalidad en Olesa de Montserrat, “alterada por los hechos ocurridos el pasado domingo”. Eroles, Jefe de los Servicios de OP, también entregó, ese mismo mediodía, una nota, en la que se quejaba del desarme de los serenos en repetidas ocasiones, amenazando con aplicar el máximo rigor de la ley a quienes lo realizaran de nuevo. Explicó que el miércoles día 7, a las cinco de la tarde, había recibido una llamada telefónica, que le informaba del desplazamiento a Olesa de una camioneta de Guardias de Asalto, enviados para sofocar toda alteración del orden, que pudiera producirse a causa de la declaración de huelga general, “planteada con motivo de las detenciones hechas el día anterior [día 6], relacionadas con la muerte de un guardia nacional republicano”.

            Eroles informó que había enviado a Olesa al agente Rafael Bardas, acompañado de los agentes Balagué, Jofre y Tudela, “a fin de buscar una solución al conflicto planteado”. Bardas dialogó con el mando de los Guardias de Asalto, que le respondió naturalmente que obedecía órdenes superiores. Bardas aseguró a Rodríguez Salas que si ordenaba la retirada de los guardias de Asalto de Olesa, él se comprometía a normalizar la situación en el pueblo. Rodríguez Salas exigió a Bardas un documento firmado en el que constara tal compromiso. Entregado tal papel al mando de los guardias de Asalto, éstos se retiraron y regresó la tranquilidad al pueblo de Olesa. Bardas contactó con los responsables cenetistas para terminar con la huelga, que se desconvocó para el día siguiente mediante un pregón.

            El sábado 10 de abril, el cenetista Hilario Esteban, en un detallado informe a Eroles sobre recientes acaparamientos de armamento, anunciaba que ERC, PSUC y gobierno de la Generalidad se estaban preparando para un inminente enfrentamiento armado contra la CNT. Deducía el informador “que la Esquerra de Catalunya y la UGT y el PSUC son una misma persona por cuanto se reúnen Artemio Aguadé, Sesé, Rodríguez Salas y otros que no sé quienes son, pero que esto es en vísperas de acontecimientos”.

El 14 de abril de 1937 se produjeron alborotos y manifestaciones en todos los mercados de Barcelona en protesta por los precios y escasez de los alimentos y del pan. Luego “la manifestación se dirigió por la vía Durruti hasta la Comisaría General de Orden Público, destacándose también una comisión, que subió a entrevistarse con el jefe de los Servicios, compañero Dionisio Eroles, del que solicitaron la libertad del individuo que había sido detenido por la mañana, con motivo de los incidentes promovidos por la protesta”.

La eficiencia de Dionisio Eroles en la persecución de desafectos al régimen y en el descubrimiento de grupos fascistas y depósitos de armas fue un hecho muy destacado y sobresaliente, y así se lo reconoció toda la prensa e incluso muchos de sus peores enemigos.

El sábado 17 de abril los diarios recogieron las declaraciones realizadas por Eroles el día anterior (16) que, a preguntas de los periodistas, “sobre varias denuncias presentadas por diversos ciudadanos perjudicados en diversos registros efectuados, en los que han sido recogidas armas cortas, controladas por entidades sindicales y políticas”, dijo: “Desconozco que existan disposiciones que ordenen a las fuerzas de Orden Público llevar a cabo registros y recogida de armas de fuego, a pesar de que sus portadores sean autorizados por las respectivas sindicales o partidos políticos que forman el bloque gubernamental. Los poseedores de estas armas lo son por seguridad personal del militante, que no deja de ser un movilizado en la retaguardia”. Tras negar Eroles que tal orden de recogida de armas fuese suya, y para terminar con el confusionismo existente en el campo del Orden Público, quiso recordar a todos los ciudadanos, y muy especialmente “a los jefes responsables del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la Generalidad”[1] los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad, publicados en el DOG del 25 de octubre de 1936, según los cuales “las autorizaciones para practicar registros domiciliarios habrán de emanar del comisario general de Orden Público, del jefe de los Servicios de Comisaría o de las autoridades en que ellos deleguen”. Existía, además, la obligatoriedad de que figuren, en la autorización, los nombres de los funcionarios encargados del registro.

En realidad, lo que Eroles estaba denunciando era que Rodríguez Salas había iniciado el desarme sistemático de los militantes cenetistas, en preparación de un enfrentamiento planificado y previsible a corto plazo. La definición que da Eroles del militante cenetista armado como MOVILIZADO EN LA RETAGUARDIA merece ser subrayada como propia de la mentalidad anarcosindicalista del momento: la guerra se libraba en el frente, pero también en la retaguardia. Ese mismo día, Dionisio Eroles envió una nota, dirigida a todos los Comités y Presidentes de Sindicatos, en la que les comunicaba que había autorizado a Riera a reunirse con todos ellos, uno a uno, “para terminar con las famosas desapariciones de ciudadanos y para acabar con ciertos hechos que en nada favorecen a la Organización”, con el objetivo de unificar las actividades en el campo del Orden Público (OP): “Hoy no es posible hacer lo que podía realizarse en los primeros meses del movimiento. Estamos en otra etapa del mismo, el cual determinará actuar de otra forma y de otra manera”.

El 27 de abril de 1937 Dionisio Eroles hizo revisar los expedientes de los presos gubernativos en Comisaría y en el Preventorio Judicial, consiguiendo la libertad de cien detenidos cenetistas.

El 3 de mayo 1937 la Soli[2] precisaba que las fuerzas de OP estaban formadas por guardias de asalto y guardias civiles (ahora Guardia Nacional Republicana), que al parecer no pudieron ascender más allá del octavo piso, que el despliegue de las fuerzas en las calles y azoteas adyacentes al edificio de la Telefónica fue espectacular, “con gran lujo de armamento y atuendo bélico”, atrayendo la atención “de miles de personas”. Se hicieron correr rumores de que la FAI era quien asaltaba el edificio. A la media hora de iniciarse el asalto a la Telefónica, “se presentaron en ésta Díaz, de Defensa; Asens del Secretariado General de Patrullas, y Eroles”, que “intervinieron oportunamente” para que los cenetistas de Telefónica “depusieran su justa actitud” y “dando una prueba de sensatez y serenidad, obedecieron las indicaciones de los camaradas citados”. Esto era falso: en realidad Asens y Eroles habían sido desbordados por los comités de defensa de los barrios.

            El 4 de mayo, cinco compañeros de la escolta de Eroles (els nanos) fueron sacados de sus hogares y asesinados. Era una auténtica caza a hombres marcados previamente.

            El 5 de mayo, Valerio Mas, secretario regional cenetista, había sido nombrado consejero de la Generalidad, siendo sustituido en la secretaría de la CNT por Eroles, que fue Secretario provisional de la CRTC desde el 5 de mayo al 2 de julio de 1937, cuando dimitió por temor a ser detenido.

            El 16 mayo, José del Barrio, secretario regional de UGT, elaboró un informe en el que lamentaba que Eroles ocupase el cargo de secretario del CR cenetista, porque lo consideraba “representante y defensor de los grupos de incontrolados y de las Patrullas de Control, ex-Jefe de Servicios de OP durante los últimos sucesos sangrientos”.

El 19 de mayo 1937, Eroles aconsejó “a todos los presentes que mañana, pongamos toda nuestra capacidad para atenuar los efectos desastrosos que a nuestros compañeros les habrá causado la solución de esa crisis”. Alentó a los presentes a que se preparasen “para trabajar aunque sea en la clandestinidad con los mismos esfuerzos [con los] que lo hacíamos antes”. Se entabló un debate entre el CR de la CNT y el compañero representante del CR de la FAI (Severino Campos), porque éste no estaba de acuerdo con que en el manifiesto del CN se ensalzara de tal forma a Largo Caballero. Eroles y diversos compañeros intentaron convencer a Severino Campos.

El 17 de agosto de 1937 un Juzgado emitió orden de búsqueda y captura contra Aurelio Fernández y Dionisio Eroles. Aurelio se entregó disciplinadamente a la justicia republicana, como preconizaba la Organización; pero Eroles decidió desaparecer una buena temporada para evitar la prisión.

En 1938 trabajó en la Comisión Asesora Política (CAP), junto a Juan Arans, José Corbella, Antonio Costa, Germinal Esgleas Jaume, Aurelio Fernández Sánchez, José Gallart, Juan García Oliver, Francisco Isgleas Piarnau, Emilio Mas, Eulario Oña y José María Sabaté. Prosiguió sus tareas en el Servicio Especial de Información, investigando las personas, acciones y tácticas que suponían un peligro para la CNT.

En agosto de 1938 los servicios de espionaje de Eroles y Escorza intercambiaron información sobre Doménech Padrós, en una estrecha colaboración para desenmascararlo y detenerlo, como habían realizado anteriormente en numerosas ocasiones con óptimos resultados.

De los campos de concentración a su desaparición

Eroles abandonó Barcelona el 26 de enero de 1939, cuando las tropas franquistas entraban ya por el Tibidabo y Montjuic. Llegó en coche a la frontera. En París participó en los esfuerzos por reconstruir la CNT en el exilio, junto a Marianet y Esgleas, pero pronto fue apartado ante su negativa a entregar el botín que se suponía que atesoraba.

Cuando Eroles logró establecerse cerca de Perpiñán, halló a Joan Solans Vallverdú, su mano derecha durante tanto tiempo. Eroles fue detenido por indocumentado, en marzo de 1939, en un control rutinario y condenado a un mes de cárcel. Al poco de su liberación, el Prefecto del departamento de los Pirineos Orientales supo que estaba fichado por los servicios centrales de la policía francesa como “anarquista fanático muy peligroso”. De hecho, el espionaje francés tenía informes de los principales líderes anarquistas desde 1936: constaban Durruti, Mariano Rodríguez, García Oliver, Federica Montseny, Abad de Santillán, Portela, Aurelio Fernández y alguno más. Todos fueron calificados como muy peligrosos, recomendándose prohibir su entrada en el país. Por ello el Prefecto decidió la expulsión de Eroles, ordenando su búsqueda y captura, pero él ya se había ido. Desde Toulouse se fue a Montauban, a principios de mayo. Sabiéndose perseguido, cambió de identidad y logró pasar un tiempo desapercibido. La policía acabó localizándolo unos meses después, pero los suyos informaron que había embarcado en Burdeos con destino a Chile; escapó, pero fue detenido el 28 de marzo de 1940, cerca de Montauban, y fue llevado al campo de concentración de Le Vernet d’Ariège. Aquí coincidió con otros cenetistas, como Antonio Ortiz y Víctor Castán, destacados jefes militares durante la contienda.

Victor Castán, durante los primeros años del exilio, fue uno de los hombres de confianza de Germinal Esgleas. Éste, al frente del Consejo del Movimiento Libertario, utilizó todos los medios para recuperar los fondos dispersos de la CNT. Eroles analizó con Ortiz las posibilidades de escapar del campo. Castán preguntó inquisitivamente a Eroles sobre el paradero del moniato (término coloquial con el que se referían al botín acumulado durante la guerra). Eroles procuró evitar a Castán, pero su situación personal era desesperada. Estaba solo y aislado, tanto de la red del grupo Ponzán como de los viejos compañeros cenetistas. El testimonio de Ortiz, cuando aún seguían en el campo de Le Vernet, señala que los encuentros entre Eroles y Castán eran muy violentos.

Asesinado y desaparecido en 1940, en el exilio andorrano, según una vieja y primeriza versión. Hay una línea de investigación que sitúa su fallecimiento en 1942, en Marsella, después de varios meses de servicios en el Deuxiéme Bureau del espionaje francés, según declaraciones de su “hermano” Isidro Eroles, a la policía española en 1951. Pero todo es muy confuso y no pasa de ser una mera hipótesis, no confirmada documentalmente. Quizás se trataba sólo de unas declaraciones de Isidro Eroles para librarse de la presión policial.

El mejor investigador del exilio y de la desaparición de Eroles, su sobrino-nieto Roland Eroles (véase su biografía sobre Dionisio Eroles en Entusiastas Olvidados, Descontrol, 2016) explica que la desaparición de Dionisio se debió a su tozuda negativa a entregar el botín de guerra a la organización cenetista en el exilio. Tras un violento encuentro con Víctor Castán, hombre de confianza de Germinal Esgleas, y miembro del grupo Ponzán, que le reclamaba la entrega del moniato, Dioniso Eroles desapareció en 1941 sin dejar rastro.

Agustín Guillamón

 

[1] Este organismo había escapado a la depuración a la que fueron sometidos Guardia de Asalto y Guardia civil por parte de los Comités de Obreros y Soldados y, desde agosto de 1936, gracias a Gómez García, se había convertido en un cuerpo de policía de unos 400 agentes, absolutamente fiel al gobierno de la Generalidad.

[2] “Una provocación incomprensible”. Solidaridad Obrera (4 mayo 1937), p. 8. [El 3 de mayo la Soli no fue publicada].